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| José Antonio Griñán con Manuel Pastrana
(UGT) y Francisco Carbonero (CC.OO.)
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LOS SINDICATOS SE APODERARON DE SIETE MILLONES DE IMDEMNIZACIONES DE LOS PARADOS.
Cada nuevo auto revela detalles más graves de las prácticas del
entramado de los ERE
que ahora, además de a los altos cargos de la Junta de Andalucía, estrecha
el cerco a los sindicatos. Y el último, dictado por la juez Mercedes Alaya a
las 2.30 de la madrugada del sábado, destapa que los sindicatos CC.OO. y UGT se
apoderaron de indemnizaciones por valor de siete millones de euros del Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa). Se trata de un dinero que, según la propia juez,
pese a proceder de un organismo público «no llegó a ser entregado a los
trabajadores», sino que era custodiado por la asociación de la Faja Pirítica de
Huelva.
Estas revelaciones se conocieron después de que la juez dejara en
libertad al abogado Carlos Leal, que pudo pagar los 150.000 euros de fianza que
le impuso por sus siete imputaciones, tras señalar no solo al exconsejero de la Junta de Andalucía, sino
también a las formaciones sindicales. Con esos testimonios, la juez cree que
ese dinero no se destinó a su finalidad pública, sino que se utilizó «para un
uso particular y ajeno a los trabajadores», como fue abonar al despacho del
letrado imputado cinco millones de euros correspondientes a su relación con
Uniter, «no descartando que los sindicatos pudieran haberse quedado con una
parte».
«Un centro de lavado»
Leal, a quien la instructora acusa de convertir el despacho Estudios
Jurídicos Villasís en «un centro de lavado», actuaba en procesos de
reestructuración empresarial que por su cercanía a los sindicatos y a la Junta obtenían financiación
pública «en detrimento de otras empresas y trabajadores que no tenían tales
contactos ni las subvenciones sociolaborales le eran conocidas». Un ambiente de
«cierto privilegio» en el que, dice, tenían garantizados los honorarios por los
fondos públicos. Pero sin duda otra revelación novedosa es la que apunta a que
los sindicatos crearon «el invento» de las asociaciones «para canalizar»
subvenciones que tuvieran que percibir para ejercer acciones sindicales.
Así ocurrió, por ejemplo, con la Asociación de la Faja Pirítica de
Huelva, carente de asociados y de estructura asociativa y que fue sólo «un
instrumento en manos de de UGT y CC.OO. que contaba solo con junta directiva de
dichas organizaciones sindicales y con seis empleados de los sindicatos
costeados por la Junta
de Andalucía». «¿No es más cierto que la Asociación de la Faja Pirítica era
una simple pantalla en la que detrás solo estaban los sindicatos?», preguntó la
juez a Leal. Por eso, el fiscal anticorrupción insistió en que se trataba de
«una mera pantalla que habría burlado todos los controles fiscales, laborales y
administrativos».
Alaya considera que, una vez que obtuvo las ganancias ilícitas, el
abogado Leal serviría de «canal de distribución» para su enriquecimiento y para
atender a las necesidades de terceros integrantes de la trama. También que el
imputado, que trabajó con las dos mediadoras Vitalia y Uniter, «era conocedor y
beneficiario de las sobrecomisiones» que ambas cobraban de la Junta. Y que, de hecho
tuvo a Juan Lanzas trabajando en su despacho. El conseguidor de los ERE tenía
asignado un sueldo de 22.000 euros al año, 1.500 al mes. Lanzas proporcionaba a
Leal clientes «por sus conocimientos e influencias en los sindicatos y la Junta de Andalucía» y a su
vez encontraba en el despacho de abogados «la apariencia necesaria para
desarrollar su trabajo de conseguidor que le proporcionó pingües beneficios»,
cerca de trece millones de euros.
Servicios inexistentes
Con todo, la juez cree que el bufete Estudios pagó al entramado de
Lanzas 1.156.131 euros mediante facturación falsa «por servicios inexistentes»
y facturas elaboradas por el testaferro Eduardo Leal. «De esta manera Leal
blanquearía las ganancias obtenidas por Lanzas y ello a cambio de la
contraprestación oportuna, clientes y dinero, pues Eduardo Leal entregaría
sobres con dinero» al abogado.
La juez concluye que Leal, además de realizar operaciones de
blanqueo, tenía una relación con el ex director general de Trabajo, Francisco
Javier Guerrero, «de prestarle continuos favores personales» y con Lanzas que consistía
en «abonar con sus supuestos honorarios facturas falsas a su entorno». Eso y su
excesiva exposición para los beneficio reportados completan su «presunto rol
delictivo».
FUENTE: ABCdesevilla.es
07/07/2013
