NO AL DESCUELGUE DEL CONVENIO

sábado, 21 de diciembre de 2013

TRABAS A LA IMPUGNACIÓN DE CONVENIO


ESTIMAD@S COMPAÑER@S DE STS-ANDALUCÍA:

EL PASADO DÍA 17 DE DICIEMBRE NOS DIMOS CITA EN MADRID, A LAS PUERTAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL, VARIOS COMPAÑEROS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD (STS), PROVINIENTES DE DISTINTOS PUNTOS DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA...DESEOSOS DE PRESENCIAR EL JUICIO QUE NOS HARÍA DESCUBRIR LA VERDAD QUE HAY DETRÁS DE TANTAS Y TANTAS MENTIRAS POR PARTE DE CCOO, UGT, USO...

UNA VEZ DENTRO DE LA SALA JUDICIAL, Y HABIENDO DESEADO SUERTE A NUESTROS COMPAÑEROS QUE TENÍAN QUE TESTIFICAR Y APORTAR TODO TIPO DE PRUEBAS, FRUTO DE UN INTENSO TRABAJO QUE DURÓ MÁS DE 3 MESES, Y REALIZADO POR MÁS DE 24 PERSONAS Y 5 ABOGADOS, LA PATRONAL COMENZÓ A ENTRAR, CUYA REPRESENTACIÓN SE HACÍA FORMA BAJO CUATRO TOGAS NEGRAS, SÍ COMPAÑEROS, 4 ABOGADOS APORTABA LA PATRONAL, PARA ÉSO NO HAY RECORTES.

PUES BIEN, NINGÚN SINDICATO SE PRESENTÓ COMPAÑEROS, NINGUNO DE ÉSOS QUE FIRMARON TAN RETRÓGRADO E IRREGULAR CONVENIO, LOS CUALES FUERON DENUNCIADOS POR STS Y DEBÍAN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ PARA EXPLICAR CIERTOS PORQUÉS, NO LO HICIERON. NO OS PODÉIS HACER UNA IDEA DE LA INDIGNACIÓN QUE SUFRIMOS TODOS LOS COMPAÑEROS DE STS ALLÍ PRESENTES, DE DISTINTOS PUNTOS GEOGRÁFICOS, HECHO DE AUTÉNTICA VERGÜENZA.

EL PROPIO PRESIDENTE DE LA SALA SOLICITÓ QUE SE AMPLIARA LA DEMANDA CONTRA "ELA", SINDICATO DE BILBAO, Y NOS DEJÓ UN TIEMPO PARA QUE EL ABOGADO DEL CIG (CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALLEGA), EL CUAL SE UNIÓ A NOSOTROS, CONTACTARA CON EL SIBNDICATO "ELA" PARA AVERIGUAR EL LUGAR EN EL QUE SE POSICIONABA, A FAVOR Ó EN CONTRA DE LA PATRONAL. ÉSTO NO FUÉ POSIBLE, POR LO QUE EL JUEZ QUE PRESIDÍA LA SALA NOS INSTÓ A PRORROGAR EL JUICIO, QUE QUEDÓ FIJADO, DE NUEVO, PARA EL PRÓXIMO 20 DE FEBRERO.

AUNQUE NO SE PUDO CELEBRAR TAN ESPERADO JUICIO, CONSEGUIMOS SACAR DATOS POSITIVOS PUESTO QUE LA PROPIA PATRONAL, APROSER, NOS ASEGURÓ QUE ELLOS NUNCA AMENAZARON CON EL DESCUELGUE DEL CONVENIO, PUESTO QUE LA RUPTURA DEL CONVENIO NACIONAL SUPONDRÍA UNA RUPTURA DEL MERCADO QUE MANEJA EL SECTOR, CON EL CONSIGUIENTE AGRAVIO PARA LAS EMPRESAS MÁS FUERTES (APROSER), LAS CUALES MANEJAN EL 80% DEL VOLUMEN DE NEGOCIO.

ANTE ÉSTO, PODEMOS DEDUCIR QUE LOS SINDICATOS FIRMANTES DEL CONVENIO, AFIRMARON QUE LA PATRONAL LOS AMENAZÓ CON EL DESCUELGUE DEL MISMO, SI NO SE FIRMABA, COMO EXCUSA PARA VOLVER A VENDERNOS LA MOTO, FIRMANDO UN CONVENIO QUE FAVORECE A LAS EMPRESAS EN VEZ DE AL TRABAJADOR, HECHO QUE DEJA A LAS CLARAS LOS INTERESES DE ÉSTOS INDIVÍDUOS. CUÁNTAS VECES NOS HABRÁN MENTIDO?.

APROSER TAMBIÉN NOS TRANSMITIÓ, EN CONVERSACIONES CON ELLA, LA POSIBILIDAD DE ELIMINAR LA FAMOSA HORQUILLA, RECONOCIENDO CIERTAS IRREGULARIDADES, HECHO QUE, DE HABERSE DEMOSTRADO EN EL JUICIO, HABRÍA DEJADO, SIN NINGÚN TIPO DE DUDAS, QUE CCOO, UGT Y USO SÓLO FIRMAN LO QUE LES PIDEN LAS EMPRESAS, AUNQUE ROCE LA ILEGALIDAD Y PERJUDIQUE GRAVEMENTE A LOS TRABAJADORES.

POR TODO ELLO ENTENDEMOS QUE LOS SINDICATOS FIRMANTES DEL CONVENIO ORQUESTARON LA ESTRATEGIA DE NO PRESENTARSE, FAVORECIENDO A LA PATRONAL Y DÁNDOLES MÁS TIEMPO PARA RECTIFICAR LOS ERRORESY EVITAR ASÍ UNA CONDENA, HECHO QUE NOS PERMITIRÍA ARRASTAR SUS VERGÜENZAS ANTES LOS MÁS DE 100.000 TRABAJADORES QUE CONFORMAMOS EL SECTOR.

NO NOS CABE DUDA DE QUE LA PATRONAL TIENE A SUS PROPIOS LACAYOS, NO SABEMOS CUÁNTO LES PAGAN, PERO SÍ QUE SE VENDEN POR MUY POCO.

STS HA RECIBIDO TRABAS DESDE EL PRIMER MOMENTO, PUESTO QUE EL JUICIO ESTABA FIJADO PARA EL 7 DE OCTUBRE Y LOS ABOGADOS DE LA PATRONAL SOLICITARON UN APLAZAMIENTO, SE VOLVIÓ A FIJAR PARA EL 17 DE DICIEMBRE Y, DE UNA FORMA UN TANTO DUDOSA, HAN VUELTO A CONSEGUIR OTRO APLAZAMIENTO, ÉSTA VEZ PARA EL 20 DE FEBRERO.

CURIOSAMENTE, DESDE OCTUBRE SE ESTÁ RENEGOCIANDO EL CONVENIO, COINCIDIENDO CON LOS APLAZAMIENTOS DE NUESTRA DEMANDA, A QUÉ TIENEN MIEDO? OCULTARÁN ALGO? LE HABREMOS DESCUBIERTO EL PASTEL?...SEA LO QUE FUERE, LO MÁS SANGRANTE ES QUE EL CONVEIO SE ESTÁ RENEGOCIANDO A LA BAJA, CÓMO SE PUEDE TENER LA POCA VERGÜENZA DE RENEGOCIAR ALGO YA FIRMADO, PARA EMPEORARLO? CÓMO SE PUEDE RENEGOCIAR UNA SUBIDA DEL 6%, PACTADA PARA EL DIA 1 DE ENRO, Y QUERER DEJARLA EN UN 0,3%? SE ESTÁN RIENDO DE NOSOTROS?.

NOS TIENEN MIEDO, ÉSO ESTÁ CLARO, INTENTAN EVITARNOS A TODA COSTA, QUIZÁS PARA PODER MAQUILLAR SUS MENTIRAS. AHORA NOS PREGUNTAMOS; LES SALDRÁ BIEN LA JUGADAY ELIMINARÁN LA "HORQUILLA" DEL ARTÍCULO 41 PARA EL AÑO QUE VIENE? MODIFICARÁN LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN? SI ES ASÍ, EL PASTEL ESTÁ CLARO, TODO ESTÁ ORQUESTADO PARA GANAR TIEMPO EN LA RENEGOCIACIÓN DEL CONVENIO QUE, CURIOSAMENTE, FUÉ RETOMADO DE URGENCIA EL PASADO DÍA 20 DE DICIEMBRE. EL CONVENIO SE ENCUENTRA DE FORMA INEXPLICABLE, PUES NO HAN DADO RAZONES PARA ABRIR UNA RENEGOCIACIÓN, EN EL HORNO DE LAS MENTIRAS.

AÚN ASÍ, NO NOS IMPORTA, LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL STS SEGUIRÁ LUCHANDO POR MÁS TRABAS QUE ENCUENTRE, Y PONDRÁ TODA LA CARNE EN EL ASADOR, PRESENTÁNDOSE DE NUEVO EN EL JUICIO, ÉSTA VEZ CON MÁS FUERZA, PUES HEMOS SIDO TESTIGOS DE UNA REALIDAD QUE TODOS INTUÍAMOS, LA VENDIDA DE LOS LLAMADOS "SINDICATOS DE CLASE".

ES HORA DE CAMBIAR LAS COSAS, DE HACER LIMPIEZA, DE ABRIR LOS HOJOS, DE LUCHAR POR LO QUE ES NUESTRO Y, SOBRE TODO, DE NO VOLVER A SENTIR IMPOTENCIA AL VER QUE NOS HAN ROBADO.

STS POR UN SINDICALISMO DIFERENTE, AUTÉNTICO Y LEAL, AHORA MÁS QUE NUNCA!

UN CORDIAL SALUDO.

martes, 10 de diciembre de 2013

EL CONGRESO APRUEBA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

  • La ley ha salido adelante en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados

  • La respaldan PP, CiU y PNV, mientras que PSOE la Izquierda Plural y UPyD se oponen

  • PSOE: 'Rompe con la concepción de la seguridad ciudadana que ampara la Constitución'

  • La Izquierda Plural rechaza que se otorgue más 'autoridad' a los vigilantes privados

  • Para UPyD, el Estado 'se ha echado a un lado por una cuestión presupuestaria' 

     

    La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Seguridad Privada que amplía las competencias de las empresas del sector permitiendo la vigilancia de los exteriores de las cárceles, una función que tradicionalmente han cumplido los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado, su participación en catástrofes, como hasta ahora hacía Protección Civil, y la detención de personas en la vía pública para su entrega a Policía o Guardia Civil. 

    La ley ha salido adelante con el respaldo de PP, CiU y PNV y el voto en contra de PSOE, Izquierda Plural y UPyD. Durante su tramitación, a falta de los cambios que pueda sufrir en el Senado, se han aceptado 109 de las 286 enmiendas presentadas. Los socialistas, muy críticos con el proyecto, arguyen que "rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público que ampara la Constitución". Las funciones de Policía y Guardia Civil, explicó el portavoz del PSOE Antonio Trevín, "podrán ser ejercidas indistintamente por ellos o por la seguridad privada" y el criterio será que resulte o no más "barato". En calles y espacios públicos los vigilantes privados podrán sustituir paulatinamente a las Fuerzas de Seguridad del Estado, aseguró este diputado.

    La ley faculta al personal de empresas privadas para "detener y poner inmediatamente a disposición" de la Policía y la Guardia Civil a los delincuentes. También contempla la vigilancia en establecimientos, bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, "llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión".

    Izquierda Plural rechazó que se otorgue más "autoridad" a los vigilantes privados y defendió que la intención del Gobierno es "privatizar" la seguridad pública. UPyD sostuvo que en este asunto el Estado "se ha echado a un lado por una cuestión presupuestaria".

    Compatibilidad con las competencias autonómicas

    Sin embargo, el proyecto sólo ha recibido alabanzas por parte de los grupos nacionalistas de PNV y CiU. No sólo porque no entra en colisión con las competencias autonómicas sino también porque consideran que moderniza el sector.

    El PP defendió que se trata de una norma también con un marcado carácter económico por la cantidad de personas que emplea y apuntó que no se trata de privatizar sino de "establecer un marco de colaboración, bajo el monopolio del Estado, de lo público, de la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" . 

    En España, explicó el portavoz del PP Francisco Márquez, hay 528 policías de cualquier tipo y condición por cada 100.000 habitantes, mientras que en la Unión Europea hay 385 y en el ámbito de la seguridad privada estos números se reducen a 195 agentes de seguridad privada por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de los países de de la Unión Europea se eleva a 271.

     EL MUNDO > Madrid.




jueves, 29 de agosto de 2013

EL PRECIO DE LOS RECORTES

 DENUNCIA DE AUMENTO DE AGRESIONES A VIGILANTES DE SEGURIDAD TRAS LOS "RECORTES"
 
 
 
25-08-2013 / 21:50 h EFE
 
La Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada ha denunciado hoy un aumento de las agresiones efectuadas a vigilantes en el metro de Madrid desde que el pasado 1 de agosto comenzó el nuevo contrato de seguridad de la red del suburbano "impuesto por severos recortes por parte de la gerencia".

En una nota de prensa, el sindicato ha señalado que en lo que va de mes ha habido siete "agresiones brutales" contra los vigilantes de seguridad. De ellas, tres han tenido lugar en los depósitos de Fuencarral, Cuatro Vientos y Aluche, y cuatro en estaciones (dos en Metrosur, una en Alvarado y otra en Usera).

En el depósito de Aluche, un grupo de personas golpeó con una barra de hierro en la cabeza al vigilante de seguridad mientras grababan con un móvil el ataque.

En otra de las agresiones más graves tuvieron que dar puntos de sutura a un vigilante de la estación de Usera después de que lo agrediera un viajero ebrio.

El sindicato ha mostrado su preocupación por este tipo de actuaciones, realizadas en ocasiones por bandas de grafiteros que actúan "prácticamente a diario". Según han señalado desde Alternativa Sindical, estaciones "con gran afluencia de usuarios y viajeros" han pasado de tener hasta tres vigilantes de seguridad a tener uno o ninguno, lo que creen que ha provocado también la "proliferación" de carteristas.

Han achacado esta situación a los "recortes agresivos" de la gerencia de Metro de Madrid, que a su juicio "dejan indefensos a usuarios, viajeros, trabajadores del suburbano y vigilantes de seguridad".

domingo, 7 de julio de 2013

LO ÚLTIMO DE CCOO Y UGT



 
José Antonio Griñán con Manuel Pastrana (UGT) y Francisco Carbonero (CC.OO.)


LOS SINDICATOS SE APODERARON DE SIETE MILLONES DE IMDEMNIZACIONES DE LOS PARADOS.

Cada nuevo auto revela detalles más graves de las prácticas del entramado de los ERE que ahora, además de a los altos cargos de la Junta de Andalucía, estrecha el cerco a los sindicatos. Y el último, dictado por la juez Mercedes Alaya a las 2.30 de la madrugada del sábado, destapa que los sindicatos CC.OO. y UGT se apoderaron de indemnizaciones por valor de siete millones de euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Se trata de un dinero que, según la propia juez, pese a proceder de un organismo público «no llegó a ser entregado a los trabajadores», sino que era custodiado por la asociación de la Faja Pirítica de Huelva.
Estas revelaciones se conocieron después de que la juez dejara en libertad al abogado Carlos Leal, que pudo pagar los 150.000 euros de fianza que le impuso por sus siete imputaciones, tras señalar no solo al exconsejero de la Junta de Andalucía, sino también a las formaciones sindicales. Con esos testimonios, la juez cree que ese dinero no se destinó a su finalidad pública, sino que se utilizó «para un uso particular y ajeno a los trabajadores», como fue abonar al despacho del letrado imputado cinco millones de euros correspondientes a su relación con Uniter, «no descartando que los sindicatos pudieran haberse quedado con una parte».

«Un centro de lavado»

Leal, a quien la instructora acusa de convertir el despacho Estudios Jurídicos Villasís en «un centro de lavado», actuaba en procesos de reestructuración empresarial que por su cercanía a los sindicatos y a la Junta obtenían financiación pública «en detrimento de otras empresas y trabajadores que no tenían tales contactos ni las subvenciones sociolaborales le eran conocidas». Un ambiente de «cierto privilegio» en el que, dice, tenían garantizados los honorarios por los fondos públicos. Pero sin duda otra revelación novedosa es la que apunta a que los sindicatos crearon «el invento» de las asociaciones «para canalizar» subvenciones que tuvieran que percibir para ejercer acciones sindicales.
Así ocurrió, por ejemplo, con la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, carente de asociados y de estructura asociativa y que fue sólo «un instrumento en manos de de UGT y CC.OO. que contaba solo con junta directiva de dichas organizaciones sindicales y con seis empleados de los sindicatos costeados por la Junta de Andalucía». «¿No es más cierto que la Asociación de la Faja Pirítica era una simple pantalla en la que detrás solo estaban los sindicatos?», preguntó la juez a Leal. Por eso, el fiscal anticorrupción insistió en que se trataba de «una mera pantalla que habría burlado todos los controles fiscales, laborales y administrativos».
Alaya considera que, una vez que obtuvo las ganancias ilícitas, el abogado Leal serviría de «canal de distribución» para su enriquecimiento y para atender a las necesidades de terceros integrantes de la trama. También que el imputado, que trabajó con las dos mediadoras Vitalia y Uniter, «era conocedor y beneficiario de las sobrecomisiones» que ambas cobraban de la Junta. Y que, de hecho tuvo a Juan Lanzas trabajando en su despacho. El conseguidor de los ERE tenía asignado un sueldo de 22.000 euros al año, 1.500 al mes. Lanzas proporcionaba a Leal clientes «por sus conocimientos e influencias en los sindicatos y la Junta de Andalucía» y a su vez encontraba en el despacho de abogados «la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de conseguidor que le proporcionó pingües beneficios», cerca de trece millones de euros.

Servicios inexistentes

Con todo, la juez cree que el bufete Estudios pagó al entramado de Lanzas 1.156.131 euros mediante facturación falsa «por servicios inexistentes» y facturas elaboradas por el testaferro Eduardo Leal. «De esta manera Leal blanquearía las ganancias obtenidas por Lanzas y ello a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero, pues Eduardo Leal entregaría sobres con dinero» al abogado.
La juez concluye que Leal, además de realizar operaciones de blanqueo, tenía una relación con el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, «de prestarle continuos favores personales» y con Lanzas que consistía en «abonar con sus supuestos honorarios facturas falsas a su entorno». Eso y su excesiva exposición para los beneficio reportados completan su «presunto rol delictivo».

FUENTE: ABCdesevilla.es
07/07/2013

sábado, 6 de julio de 2013

PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

    

 RUEDA DE PRENSA-APROBADO EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

El pasado 14 de Junio de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Privada que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992. Además, la nueva Ley combatirá el intrusismo que conllevará graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación.

Un saludo.

AUGC PROPONE QUE ESCOLTAS AYUDEN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA.




 La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Alicante ha propuesto que los antiguos escoltas destinados al País Vasco y Navarra realicen funciones de seguimiento y vigilancia en los casos de violencia doméstica y de género.

A través de un comunicado de prensa, la dirección local de la AUGC entiende que esos escoltas, que tras el fin de la violencia de ETA se han visto en el desempleo, están "preparados" para acometer las labores de vigilancia y seguridad en los citados casos.

A su vez, esta propuesta permitiría a los policías nacionales y guardias civiles asumir la responsabilidad de vigilancia y seguridad en los centros penitenciarios, puestos de trabajo que progresivamente están asumiendo vigilantes jurados y, según la AUGC, "en un futuro cercano también desarrollarán antiguos escoltas".

No obstante, la AUGC apunta que, "en el caso de que ya se haya tomado la decisión política de privatizar la seguridad" de las prisiones, su propuesta podría ser temporal "hasta llegar a la total extinción de los puestos de trabajo" de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya sea mediante traslados voluntarios o pase a la reserva, entre otras situaciones.


Fuente: laverdad.es

BUENA ACTUACIÓN

Un Vigilante de Seguridad fuera de servicio frustra un robo nocturno.



Hay tiendas que abren en horario nocturno, pero el caco que anoche fue sorprendido en la ronda de Outeiro asaltando, sobre las once y media de la noche, el establecimiento Alimentación Isabel, parecía desconocerlo, así como el don de de la oportunidad. Su aspecto era sospechoso, o así se lo pareció al vigilante de seguridad que se tropezó con él minutos antes del suceso, cuando «hacía tiempo mirando la tienda de motos que hay allí». Y cometió el robo en un momento en el que había aún bastante gente paseando y a escasos metros donde el café Visantoña celebraba una fiesta con la parrilla en la calle.

El hombre accedió al establecimiento rompiendo el cristal inferior de la entrada y, ya en el interior, se hizo con varias bolsas con distintos productos, pero creyó conveniente optar por abrir la puerta para sacarlas.Eso fue lo que permitió frustrar su asalto. Un vigilante de La Voz de Galicia que volvía a casa y que lo vio intentando forzar la cerradura, lo abordó. Bastó pedirle que se identificara y que dejara la bolsa que llevaba, para que el delincuente optase por echarse a correr para evitar ser detenido. En la bolsa portaba un ordenador portátil, supuestamente parte del botín con el que pretendía hacerse anoche. Dentro de la tienda dejó las bolsas de su particular «compra». La Policía Nacional se desplazó minutos después al establecimiento, situado en el número 220 de la ronda de Outeiro, para intentar dar con el ladrón.

Fuente: lavozdegalicia.es

domingo, 23 de junio de 2013

CCOO: OTRA ILEGALIDAD PARA SU COLECCIÓN

La sección andaluza del sindicato hizo oídos sordos a la petición de la central, que les advirtió que las actuaciones de la mediadora eran «contrarias» a su ética.

CC.OO. Andalucía desoyó la orden de no trabajar con Vitalia, según la Guardia Civil
ANTONIO ALBARRACÍN, DIRECTIVO DE VITALIA

La Guardia Civil que investiga los ERE falsos dice en un informe sobre los sindicatos que la federación de Industria de CC.OO recomendó no trabajar con la mediadora Vitalia porque sus actuaciones eran "contrarias a la ética del sindicato", lo que no fue secundado por la federación andaluza.
En dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 4.291.384 euros los pagados por el Holding Vitalia a UGT y CC.OO entre 2001 y 2009, pagos que la juez instructora, Mercedes Alaya, ha calificado como "una forma de financiación irregular durante una década".

Los sindicatos, según la juez, habrían impuesto "de manera arbitraria e ilegítima" el pago por su mediación y "como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial".

Las empresas de José González Mata, dueño de la mediadora Uniter, destinaron en esos años 3.253.031 euros a UGT y CC.OO, mientras que la aseguradora Vitalia destinó 4.291.384 euros, según el auto que el pasado día 18 envió a prisión al empresario.

La UCO cita en su informe la declaración de Juan Manuel Moreno Valero, secretario de Finanzas de la Federación de Industria de CC.OO, quien aseguró que los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y María Vaqué -el primero libre bajo fianza de 600.000 euros y la segunda encarcelada desde marzo- les ofrecieron a mediados de los años 90 un acuerdo de colaboración.

Dicho acuerdo consistiría en que "por parte de la Federación facilitarían la participación de la mediadora en los procesos de reestructuración" de empresas, "ofreciendo una comisión por esta labor".
Tras valorar la oferta, la Ejecutiva de la Federación decidió no aceptarla porque las actuaciones de Vitalia "eran contrarias a la ética del sindicato", motivo por el cual "dieron instrucciones a las distintas federaciones regionales para que evitaran trabajar con esta mediadora".

Estas instrucciones "no surtieron efecto en lo relativo a la federación regional de Andalucía", pues el líder sindical reconoció que había recibido pagos de Vitalia, afirma la UCO.

En el periodo 2001-2009, Vitalia hizo "importantes pagos a los sindicatos y empresas vinculadas a éstos", dice la Guardia Civil, y añade que "a pesar de las advertencias realizadas y recibidas", los sindicatos trabajaron con Vitalia "de manera muy frecuente", lo que redundó en un beneficio para ellos.

Los sindicatos cobraban por el concepto de "toma de datos", si bien la UCO apunta a que existe una "duda razonable de que sea real" ese concepto, pues se trataba de recopilaciones que llevaba a cabo la mediadora.

El propio Moreno Valero, según el texto, reconoció "la percepción de comisiones por el simple hecho de haber facilitado la participación de Vitalia en distintos expedientes".

FUENTE: ABC/SEVILLA

sábado, 15 de junio de 2013

APROBADO EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA



 El nuevo texto legal define la seguridad privada como complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Seguridad Privada que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992. Además, la nueva Ley combatirá el intrusismo que conllevará graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación.

La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Este sector está compuesto por 1.490 empresas, con una plantilla de 85.000 personas y una facturación de 3.215 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2012.
Nuestro país es uno de los Estados miembros con más policías por habitante (516 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la Unión Europea). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en 195 por cada 100.000 habitantes, 76 menos que la media de la Unión Europea.
En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, 20 años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas.

Principales novedades del proyecto de Ley
Una vez presentado al Consejo de Ministros el pasado 12 de abril, el Ministerio del Interior entregó el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada a las entidades representativas del sector de la seguridad privada en España. En estos dos meses, se han recibido 44 observaciones de varias entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así como la FEMP y la Generalitat de Cataluña, además de los informes de la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Así, a partir de ahora, la nueva Ley de Seguridad Privada recoge el deber de comunicar los contratos al Registro Nacional de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación incluya datos de carácter personal.
Se refuerza, además, el deber de reserva profesional de los detectives que sólo podrán informar de sus investigaciones a sus clientes o a los órganos judiciales y policiales en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas con atribuciones en esta materia, el nuevo texto clarifica la distribución de estas competencias, a la luz de los modificaciones de los Estatutos de Autonomía en los últimos años.

En el caso concreto de la Generalitat de Cataluña, se han mantenido contactos de carácter técnico en los que se ha alcanzado un importante grado de consenso salvo en lo que se refiere a la inscripción de la apertura de los despachos de detectives cuya competencia, en todo caso, reside en el Estado.

Otra de las novedades que recoge el nuevo proyecto de Ley es la liberalización de la consultoría de seguridad. Es decir, si antes era necesaria la elaboración de análisis de riesgos, informes, planes y auditorías de sistemas de seguridad, todas ellas, actividades de seguridad privada que requerían autorización, a partir de ahora, se sustituyen determinadas autorizaciones previas para el ejercicio de ciertas actividades por declaraciones responsables (sin perjuicio de la facultad de comprobación administrativa).

Finalmente, los servicios que no podrán realizar las empresas de seguridad privada son los de investigación privada, reservados a las agencias de detectives.

Fuente: El Derecho/Noticias Jurídicas

EL SUPREMO EXIME DE TASAS A SINDICATOS Y TRABAJADORES

 


 
Desde que las tasas judiciales entraron en vigor, recurrir un despido o reclamar salarios impagados costaba dinero. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo ha acordado que los trabajadores, los funcionarios o personal estatutario, los beneficiarios de Seguridad Social y los sindicatos cuando representan los intereses de los trabajadores están exentos de pagar las tasas cuando interpongan recursos de suplicación o de casación en las jurisdicción social.
 
La Sala de los Social del Tribunal considera que estos colectivos deben ser beneficiarios de la justicia gratuita. "Las tasas suponían pagar, por ejemplo, por recurrir un despido, reclamar salarios pendientes, por reclamar indemnizaciones en caso de haber sufrido un accidente de trabajo, por recurrir un expediente de regulación de empleo o interponer una demanda de conflicto colectivo por incumplimiento de un convenio", explican fuentes jurídicas, que asegura que la decisión del Supremo abre una vía crucial "para seguir luchando contra las tasas".
 
La decisión se basa en el artículo 119 de la Constitución: "La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar". En su escrito, la Sala explica que ese derecho se articuló en una Ley de 1996 en la que se dice que entre los beneficiarios de justicia gratuita deberán estar -independientemente de sus recursos- los trabajadores y beneficiarios de Seguridad Social cuando recurran a la jurisdicción social, "tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales". También se les reconocía este derecho a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios ante el orden contencioso-administrativo.
 
El Supremo concluye, por tanto, que estos colectivos -trabajadores y beneficiarios de Seguridad Social- "tienen el beneficio de justicia gratuita". En cuanto a los funcionarios y el personal estatutario, la Sala de los Social hace extensiva sus reflexiones y estima que "tampoco ellos tendrá que abonar tasa alguna por interponer recursos de suplicación y casación".
 
En cuanto a los sindicatos, considera que estos tienen reconocido el beneficio de justicia gratuita porque actúan como representantes de sus afiliados pero también del interés colectivo de los trabajadores cuando se personan, por ejemplo, en conflictos individuales y colectivos o "interviniendo en otros procesos donde estén en juego intereses colectivos".

La Sala subraya que las tasas no son exigibles ni siquiera en los recursos interpuestos con anterioridad, lo que abre la puerta a que los trabajadores o sindicatos que ya hayan tenido que pagarlas puedan exigir su devolución.

Fuente:_http://www.eldiario.es/economia/Supremo-exime-trabajadores-sindicatos-judiciales_0_140686242.html

FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

ACADEMIA EUROCEI 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DÓNDE SE IMPARTIRÁ EL CURSO DE PRISIONES, Y LOS HORARIOS DEL MISMO.

EL CURSO SE LLEVARÁ A CABO EN LA ACADEMIA EUROCEI, SITO AUTOVÍA SEVILLA-CORIA DEL RÍO, KM. 3,5 (ROTONDA GELVES).

LOS DIAS Y HORARIOS DEL CURSO SON LOS SIGUIENTES:

-17,18,19 Y 20.
-17 Y 18 EN HORARIO DE 16-21
-19 Y 20 SE REPARTEN EN TURNO DE MAÑANA DE 09-14 Ó TURNO DE TARDE DE 16-21

LA DURACIÓN DEL CURSO SERÁ DE 20 HORAS, Y SE REGISTRARÁ EN LA CARTILLA DE CADA UNO DE LOS VIGILANTES.

UN SALUDO.

sábado, 1 de junio de 2013

LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD SERÁN AGENTES DE LA AUTORIDAD CUANDO COLABOREN CON LA POLICÍA.

 


El artículo 31 del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada lo deja claro: “Cuando el personal de seguridad privada debidamente identificado actúe con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad o siguiendo sus instrucciones, tendrá la consideración legal de agente de la autoridad”.

La regulación aún vigente, que data de 1992, retiró el carácter de agentes de la autoridad a los vigilantes, que con la nueva reforma volverán a recuperar esa consideración.

La consideración implica que cualquier ataque que se lleve a cabo contra los vigilantes sea considerado atentado contra la autoridad, con las consecuencias penales derivadas de este tipo de delito.

En este punto, el anteproyecto indica que “se considerarán agresiones a la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada debidamente identificado con ocasión o consecuencia del ejercicio de sus funciones”.

La distinción como autoridad, sin embargo, no solo tendrá consecuencias positivas para los vigilantes, ya que, según el texto de la futura normativa, “cuando el personal de seguridad privada sea considerado legalmente como agente de la autoridad, dicha consideración será tenida en cuenta a los efectos del régimen sancionador”.

El Consejo de Ministros presentó el pasado 12 de abril el texto del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que incrementa el control sobre los detectives privados y abre el abanico de funciones que pueden llevar a cabo las empresas de seguridad.

FUENTE: Seguridad y Tribunales.

LA SEGURIDAD PRIVADA PODRÁ VIGILAR EN LAS VIAS PÚBLICAS

 



El apartado 4.b del artículo 41 del anteproyecto de ley de seguridad privada aprobado por el Consejo de Ministros permite a los vigilantes prestar servicio en la vía pública, concretamente en lo que se denominan “zonas comerciales peatonales”, como puede ser la calle Preciados de Madrid u otras áreas similares localizadas generalmente en el centro urbano de cualquier ciudad de España.
Esta novedad está respaldada, según argumentó el secretario general de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), Eduardo Cobas, por varios análisis sociológicos que la propia patronal expone en su web basados en encuestas, que aseguran que el 85% de los ciudadanos preguntados estaría a favor de que en estas zonas un vigilante pueda atender una urgencia en un determinado momento.
La actual legislación, valoró Cobas durante su intervención en Seguridad y Tribunales Radio, tenía un “concepto muy estricto y rígido de la vía pública”. Según el responsable de Aproser, el nuevo anteproyecto “amplía” esta idea, que equipara a lo que ocurre por ejemplo en un centro comercial abierto, donde operan vigilantes, con la única diferencia de que las zonas comunes de ese lugar son privadas.
Además de este servicio en el exterior de los locales para los que han sido contratados, los apartados 4.a y 4.c del mismo artículo de la futura ley contemplan que los vigilantes también puedan operar en la vía pública en “polígonos industriales, en urbanizaciones y en sus vías de uso común”, así como en “acontecimientos deportivos, culturales o sociales que se desarrollen en espacios públicos”.
Los supuestos y las condiciones tendrán que ser desarrolladas en futuros reglamentos, aunque, según el texto, en cualquier caso los mencionados servicios en el exterior “requerirán” de “autorización previa” y siempre se llevarán a cabo “en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

FUENTE: SEGURIDAD Y TRIBUNALES.

domingo, 24 de febrero de 2013

INSTITUCIONES PENITECIARIAS A PARTIR DE MARZO


"LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD COMENZARÁN SU SERVICIO EN LAS CÁRCELES DE ALICANTE, LOGROÑO, SALAMANCA, CASTELLÓN, PALENCIA Y HUELVA, A PARTIR DE MARZO"

 
El Ministerio del Interior ha puesto ya en marcha la primera fase para privatizar la seguridad exterior de las prisiones españolas, es decir, para sustituir a guardias civiles por Vigilantes de Seguridad.
Según fuentes penitenciarias, a partir de marzo seis cárceles: Alicante, Logroño, Topas (Salamanca), Castellón, Dueñas (Palencia) y Huelva, contarán con esta vigilancia 'privada', que se encargará de los accesos al centro, el control de cámaras y las patrullas en el perímetro del recinto, las funciones encomendadas actualmente a la Benemérita.
La Seguridad de estos centros, según las mismas fuentes, habría sido ya adjudicada a la empresa Ombuds, una de las más fuertes del sector. Instituciones Penitenciarias no habría sacado a concurso público este servicio, sino que como le permite la ley, ha argumentado motivos de seguridad para sacarlo por concurso restringido, es decir, invitando a empresas que normalmente trabajan con la Administración. 
Como ejemplo, Ombuds acaba de ser una de las dos empresas adjudicatarias para el "servicio de vigilancia con armas" en los hospitales militares. El contrato cuesta a las arcas públicas 3,3 millones de euros. Ombuds se ha llevado ocho de los diez hospitales, entre ellos el madrileño Gómez Ulla.
El consejero delegado de Ombdus es Rodrigo Cortina López, sobrino de José Luis Cortina, comandante de los servicios secretos españoles el 23-F, del CESID. Fue detenido, encarcelado y luego absuelto por su presunta participación en el golpe de Estado.

ESCOLTAS CONTRA ETA

Muchas empresas de seguridad que trabajaban en el País Vasco y Navarra han visto mermados sus ingresos cuando la amenaza del terrorismo de ETA se ha reducido hasta casi desparecer. Muchas han tenido que iniciar ERE, como Ombdus, que abrió un Expediente de Regulación de Empleo suspensivo que afecto a unos 260 escoltas, según los sindicatos. La recolocación de estos escoltas en las prisiones fue una salida laboral que diseñó el Gobierno del PP.

DE NUEVO, CSIF EN CONTRA DE NUESTROS INTERES.

El sindicato CSIF, que ha emitido una nota de prensa, señala que Interior vulnera con esta medida el Reglamento Penitenciario, que en su artículo 63 señala que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", y el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que "establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas". 
Dos trabajadores de Ombdus, afectados por el ERE, han señalado que la empresa ya les ha ofrecido servicio en las seis prisiones señaladas anteriormente, con un sueldo inferior al que tenían trabajando como escoltas en el norte de España. Y que antes tendrán que hacer un curso de reciclaje.

ENTRE 15 Y 21 PRISIONES.

En varios foros, Interior anunció en un principio que se privatizaría la seguridad exterior de entre 15 y 21 cárceles. El ya ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, explicó en el Congreso, el 28 de junio de 2012 que los Agentes de Seguridad no sólo optarían a sustituir a guardias civiles, sino que también relevarían a los propios funcionarios de prisiones en determinadas funciones dentro de las cárceles.
Ulloa puso como ejemplo "mirar un monitor de seguridad dentro de la cárcel [...] no queda más remedio que buscar alternativas, la alternativa de la seguridad privada". Algo que finalmente no harán. Sólo se encargará de la seguridad exterior. 
Un portavoz de Interior explicó que los escoltas trabajarán en prisiones, pero negó que se haya alcanzado ya algún acuerdo concreto con ninguna empresa de seguridad privada. "Habrá varias empresas trabajando". Se trata de un plan que se pondrá en marcha próximamente, pero "por el momento no se ha concretado nada".
Interior recalca que el objetivo de esta medida no es reemplazar por completo a la Guardia Civil, sino que agentes de seguridad privada se encarguen de labores secundarias relacionadas con el control del perímetro exterior. Es decir, que se mantendrá un pequeño destacamento de la Benemérita, que estará al mando de escoltas privados.

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